COLUMNA
La Tijera…sastre a la medida
Educación vial en Córdoba: entre el desorden cotidiano, la responsabilidad pública y el rescate de un espacio olvidado
Por Arturo Emilio Pimentel Báez
La movilidad urbana no se resuelve únicamente con semáforos, señales de tránsito, reglamentos, uno X uno, multas o restricciones a la circulación; exige educación, planeación, participación ciudadana y, sobre todo, voluntad política para comprender que las calles pertenecen a todos, aunque no todos las utilicen de la misma manera ni tengan las mismas posibilidades de defenderse ante los riesgos que representa el tránsito cotidiano.
La educación vial constituye un proceso permanente de formación, socialización e integración ciudadana mediante el cual se adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para respetar la vida propia y la de los demás; supone responsabilidad, solidaridad, comprensión y tolerancia entre conductores, motociclistas, ciclistas, pasajeros y peatones, porque la seguridad en las vías públicas no depende exclusivamente de la destreza de quien conduce un vehículo, sino también de la conducta de quienes comparten el espacio urbano y de la capacidad de las autoridades para organizarlo.
En este sentido, la participación ciudadana no debe reducirse a una expresión recurrente en los discursos oficiales; significa escuchar las opiniones de los habitantes, conocer sus necesidades, reconocer los problemas que enfrentan diariamente y permitir que intervengan en las decisiones que afectan su comunidad, de modo que las políticas de movilidad no sean producto de la improvisación ni de la voluntad unilateral de quienes administran los recursos públicos.
CÓRDOBA Y LA RESPONSABILIDAD DE TRANSITAR.
Córdoba, Veracruz, enfrenta los problemas de una ciudad cuyo crecimiento urbano y parque vehicular obligan a revisar sus políticas de movilidad, la organización de sus vialidades y las estrategias destinadas a prevenir accidentes; las calles, avenidas, cruceros, retornos y espacios peatonales del centro de la ciudad y sus colonias forman parte de un sistema que requiere coordinación, mantenimiento y reglas comprensibles para todos.
Existe, además, una consideración que merece atención: el parque vehicular del Ayuntamiento, integrado por automóviles, motocicletas y unidades destinadas a Limpia Pública, Ecología, HidroSistema, Protección Civil, Policía Municipal y Tránsito, entre otras dependencias, debe formar parte de una política institucional de control, mantenimiento y cumplimiento de las disposiciones aplicables.
La administración pública tiene la obligación de verificar que sus unidades cumplan los requisitos legales correspondientes, incluidos el registro, el emplacamiento, los derechos vehiculares y las obligaciones ambientales que resulten exigibles en cada caso; no sería congruente demandar a los ciudadanos el respeto a las disposiciones de tránsito mientras las propias instituciones descuidaran las responsabilidades que les corresponden. La autoridad debe predicar con el ejemplo, porque la legalidad no puede convertirse en una exigencia exclusiva para los gobernados, sino en una obligación compartida entre ciudadanía y gobierno.
Se invita a revisar tema: Circuitos, libramientos y participación ciudadana: primero las alternativas, después la peatonalización. https://www.facebook.com/share/p/19Tc3R43pj/
DEL DISCURSO A UN PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN VIAL
Córdoba necesita avanzar hacia un Programa Integral de Educación Vial que no se limite a campañas ocasionales, conferencias escolares o actividades realizadas durante alguna jornada conmemorativa; debe constituirse en una estrategia permanente, con objetivos verificables, responsables institucionales, presupuesto, calendario de actividades y mecanismos para evaluar resultados.
El programa tendría que organizarse de acuerdo a especialistas alrededor de cuatro componentes fundamentales:
Primero. CONOCIMIENTOS. Enseñar las normas de circulación, el significado de las señales, las obligaciones de los conductores, los derechos de los peatones y las disposiciones que regulan el uso de motocicletas, bicicletas y dispositivos eléctricos de movilidad personal; conocer las reglas constituye el primer paso, aunque saberlas no garantiza que se cumplan.
Segundo. HABILIDADES. Desarrollar la capacidad de observar, anticipar riesgos, interpretar las condiciones del tránsito y tomar decisiones seguras; esto incluye aprender a cruzar una calle, identificar puntos ciegos, utilizar correctamente los pasos peatonales y comprender las distancias de frenado y los riesgos de circular a velocidad inadecuada.
Tercero. ACTITUDES Y VALORES. Promover el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la prudencia y la solidaridad, especialmente hacia quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad, tercera edad, peatones y ciclistas.
Cuarto. CULTURA VIAL. Convertir los conocimientos en hábitos cotidianos, de manera que respetar un semáforo, ceder el paso cuando corresponde en el uno X uno, no bloquear una intersección y reducir la velocidad en zonas escolares, hospitales, centros deportivos y recreativos, centro histórico, sean conductas asumidas por convicción y no solamente por temor a una infracción.
EL PARQUE INFANTIL DE EDUCACIÓN VIAL: UNA OPORTUNIDAD QUE NO DEBE DESPERDICIARSE. ALAMEDA MURILLO VIDAL.
Entre las propuestas que merecen consideración se encuentra el rescate del Parque Infantil de Educación Vial del DIF, espacio cuya construcción se sitúa en la administración municipal de 1992-1994, durante la presidencia del doctor Enrique Bustos Bertheau, de acuerdo con los antecedentes proporcionados para este artículo; su fecha de origen y su situación jurídica, administrativa y física deberán documentarse mediante archivos municipales y registros del DIF.
Si el espacio permanece en abandono o ha perdido su función original, recuperarlo representaría algo más que rehabilitar instalaciones deterioradas; significaría devolverle a la comunidad un lugar destinado a enseñar, desde la infancia, que la convivencia vial exige conocimientos, disciplina, respeto y responsabilidad.
La formación debe comenzar desde la educación preescolar y continuar durante la primaria, la secundaria y las etapas posteriores de la vida, porque las necesidades de un peatón no son las mismas que las de un ciclista, un motociclista o un conductor de automóvil, aunque todos compartan el deber de evitar riesgos y respetar los derechos de los demás.
Un parque de educación vial puede ofrecer circuitos a escala, señalización, cruces peatonales, semáforos didácticos y actividades supervisadas que permitan a niñas y niños aprender mediante la práctica; también puede convertirse en sede de talleres para padres de familia, cursos de actualización para conductores, actividades de prevención y encuentros con agentes de Tránsito y especialistas en seguridad vial.
El propósito no sería enseñar a los menores únicamente a conducir pequeños vehículos, sino formar usuarios responsables del espacio público, capaces de reconocer señales, identificar peligros y comprender que la movilidad segura comienza mucho antes de obtener una licencia para conducir.
La iniciativa tendría que incluir a los adolescentes que utilizan bicicletas, patines eléctricos y otros dispositivos de movilidad personal, sin perder de vista que sus condiciones de circulación, edades permitidas, equipo de protección y obligaciones deben sujetarse a las disposiciones aplicables; la novedad tecnológica no elimina la necesidad de prevenir accidentes ni autoriza a circular sin considerar a los demás.
RECREACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL.
El Parque Recreativo de San José recibe, particularmente durante los fines de semana, a numerosas familias que buscan espacios de convivencia para sus hijos; la presencia de vehículos infantiles con batería, patines y pequeñas motocicletas eléctricas muestra que las formas de recreación han cambiado y que los espacios públicos deben responder a esas nuevas prácticas sin descuidar la seguridad.
Cuando un lugar resulta insuficiente para atender la demanda recreativa, la respuesta no necesariamente consiste en restringir el acceso o dejar que las actividades se desarrollen sin organización; también corresponde estudiar alternativas, recuperar espacios disponibles y establecer instalaciones apropiadas para combinar diversión, aprendizaje y convivencia.
Por ello, la rehabilitación del Parque Infantil de Educación Vial, junto con la evaluación de las posibilidades recreativas y deportivas del parque Murillo Vidal, podría contribuir a ampliar la oferta de espacios públicos para las familias de Córdoba y la región, siempre que los proyectos sean técnicamente viables, cuenten con presupuesto suficiente y se sometan a la participación ciudadana.
La propuesta debería contemplar accesibilidad para personas con discapacidad, áreas de descanso, sanitarios, sombra, señalización comprensible y personal capacitado; también tendría que establecer horarios, reglas de utilización, protocolos de emergencia y mecanismos de colaboración con las escuelas y las familias. Un parque de esta naturaleza puede convertirse en un instrumento de prevención y formación ciudadana, pero sólo si existe una política que lo mantenga activo y lo vincule con las necesidades reales de la comunidad.
Se invita revisar el tema:
El Barrio de San José: memoria de una córdoba que todavía permanece https://www.facebook.com/share/p/1KLUfXbYhH/
LA AUTORIDAD TAMBIÉN DEBE APRENDER A ESCUCHAR.
La educación vial no termina en las aulas ni comienza cuando un agente levanta una infracción; se construye todos los días en las calles, en las escuelas, en los hogares y en las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de planear la ciudad.
El Ayuntamiento de Córdoba dispone de atribuciones para intervenir en materia de tránsito, movilidad y servicios públicos conforme al marco legal aplicable; ejercerlas responsablemente supone coordinar dependencias, mantener la infraestructura, hacer cumplir los reglamentos y promover la participación de los habitantes en las decisiones que afectan su desplazamiento cotidiano.
La ciudadanía, por su parte, debe abandonar la idea de que las vialidades constituyen un territorio donde cada quien impone su voluntad; el automóvil no concede privilegios absolutos, la motocicleta no autoriza a ignorar las reglas, la bicicleta no elimina la responsabilidad de circular con precaución y el peatón, aunque sea uno de los usuarios más vulnerables, también debe recibir orientación y condiciones adecuadas para desplazarse.
La seguridad vial requiere corresponsabilidad, pero ésta no debe utilizarse como argumento para trasladar a los ciudadanos obligaciones que corresponden a la autoridad; las calles bien diseñadas, la señalización adecuada, la vigilancia efectiva y los programas educativos permanentes son deberes públicos que deben acompañar a la conducta responsable de los usuarios.
Córdoba necesita menos improvisación y más educación; menos campañas pasajeras y más programas permanentes; menos discursos sobre la participación ciudadana y más espacios donde las familias, los docentes, los especialistas y los habitantes puedan intervenir en la construcción de soluciones.
Rescatar el Parque Infantil de Educación Vial y convertirlo en un centro de aprendizaje, recreación y cultura ciudadana sería una decisión con visión de presente y de futuro; una inversión que no debe medirse solamente por el costo de rehabilitar instalaciones, sino por su contribución a prevenir accidentes, proteger vidas y formar generaciones capaces de comprender que la ciudad es un espacio compartido.
Porque una ciudad segura no es aquella que acumula más semáforos, señales o sanciones, sino aquella cuyos habitantes aprenden a respetarse y cuyas autoridades entienden que gobernar también significa educar, planear, escuchar y rendir cuentas.
pibe91arturopimentel@gmail.com
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