Agencia / La Nación de México
Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma que creó en el Instituto Nacional Electoral (INE) la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, mecanismo mediante el cual, de manera voluntaria, podrán revisarse posibles riesgos de vinculación de aspirantes con actividades delictivas.
La decisión fue tomada al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 84/2026, promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicadas el pasado 2 de junio. El mecanismo permite que partidos políticos y personas que aspiren a una candidatura independiente sometan voluntariamente sus perfiles a una evaluación de riesgo antes del registro.
La Comisión puede remitir la información a instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para determinar si existe un riesgo razonable relacionado con posibles actividades delictivas.
El PRI argumentó que este mecanismo podía vulnerar el derecho a ser votado, la presunción de inocencia, la privacidad y la protección de datos personales, además de cuestionar la participación de autoridades de seguridad e inteligencia y su aplicación para candidaturas locales.
Sin embargo, la Corte determinó validar el esquema al considerar que su aplicación es voluntaria y previa al registro, por lo que el resultado de la evaluación no constituye un requisito para obtener una candidatura, tampoco genera por sí mismo una causa de inelegibilidad ni implica una declaración de culpabilidad.
Asimismo, el mecanismo fue considerado de carácter preventivo, pues busca proporcionar información adicional a los partidos y a quienes participan en la postulación de candidaturas, sin sustituir las facultades de las autoridades ministeriales o judiciales.
En cuanto a la autonomía del INE, la resolución estableció que ésta no se ve afectada, debido a que existe coordinación con las instituciones participantes y no subordinación. La Comisión es conducida por el propio Instituto y forma parte de sus comisiones permanentes.
La resolución también mantiene la participación de los organismos públicos locales electorales en el caso de las candidaturas locales, ya que la Comisión y las autoridades que intervienen en la evaluación únicamente recaban, analizan y comunican información, sin decidir sobre la elegibilidad o el registro de las personas candidatas.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas comenzó formalmente sus trabajos en septiembre y cuenta ya con lineamientos para operar durante el proceso electoral 2026-2027.


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