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Xalapa.- Los diputados de la LXVII Legislatura del Estado aprobaron el dictamen que reforma el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz que suprime la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de Concejos municipales y de las sindicaturas.
Falta la aprobación de por lo menos 107 cabildos municipales para consumar la reforma constitucional.
El dictamen, que registró una votación de 38 a favor, 9 en contra y una abstención, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 17 de septiembre por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
La Comisión coincide con la propuesta de suprimir la declaración de procedencia (conocido popularmente como fuero) como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de concejos municipales y de las sindicaturas.
Con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos.
La modificación se limita a los cargos expresamente señalados y mantiene sin cambios el régimen de las demás personas servidoras públicas comprendidas en el primer párrafo del artículo 78 constitucional.
En el debate, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar del Partido Revolucionario Institucional, precisó que el fuero no es privilegio personal, sino una figura establecida para proteger la función pública, pues no se concede a una persona por ser quien es, sino al cargo que ocupa y mientras lo ocupa, “retirar esa inmunidad procesal para que presidentes municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicación de justicia selectiva”.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz externó que en una democracia el poder necesita límites y que el poder absoluto requiere límites absolutos.
El diputado Héctor Yunes Landa adelantó su voto en contra del dictamen e informó que ha hecho un llamado a los Cabildos a expresar su rechazo a la reforma constitucional que el Congreso les hará llegar. “la inmunidad procesal no significa impunidad y no significa que alguien sea intocable y que pueda cometer delitos, sin consecuencia; significa que habrá un procedimiento previo”.
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