El maestro no es el enemigo, por Arturo Pimentel Báez

COLUMNA

La Tijera…sastre a la medida

El maestro no es el enemigo

Por Arturo Emilio Pimentel Báez

“Cuando desde el poder se mira con desconfianza al profesor que reclama, la educación pierde y la política queda en evidencia”.

Articulo dedicado a un gran amigo Maestro Luchador Sindical Arturo Hernández Mártinez.

Hay gobiernos que quieren maestros comprometidos, escuelas de calidad y alumnos preparados, pero parecen incomodarse cuando los profesores hablan de sus propias condiciones de trabajo.

La contradicción es evidente.

Se exige al docente que permanezca frente al aula, que atienda a sus alumnos, que prepare clases, que evalúe, que participe en reuniones, que cumpla programas, que auxilié al sector salud, asuma ser psicólogo, motivador, animador, especialista en tratar las emociones, en educar niños especiales, que resuelva conflictos y que responda por los resultados educativos.

Pero cuando reclama mejores condiciones laborales, salarios dignos, infraestructura adecuada o una movilidad profesional justa, algunos políticos reaccionan como si el maestro hubiera cometido una falta.

¿Desde cuándo defender los derechos laborales es una conducta que descalifica al profesor?

Un Estado que expresa disgusto por sus maestros revela, en realidad, una concepción preocupante de la educación pública. Porque el profesor no es un empleado cualquiera. Es el profesional que recibe del Estado una de las responsabilidades más delicadas: contribuir a formar a las nuevas generaciones.

Por ello, exigir mejores condiciones en el aula y en la escuela no significa rechazar el trabajo docente. Significa reclamar las herramientas necesarias para realizarlo con dignidad.

No se puede educar con carencias

La retórica oficial suele hablar de transformación educativa, de una “Nueva Escuela Mexicana”, de Humanismo, innovación, excelencia y calidad. Pero detrás de esas palabras existe una realidad cotidiana que no siempre aparece en los informes gubernamentales: escuelas que necesitan mantenimiento, aulas que requieren mejores condiciones, hacen falta profesores; profesores que enfrentan crecientes responsabilidades y directores sometidos a una carga administrativa que frecuentemente rebasa su función pedagógica.

La pregunta debería ser sencilla: ¿qué estado puede exigir mejores resultados educativos sin garantizar mejores condiciones para quienes enseñan?

No se trata de colocar al maestro por encima de los estudiantes. Tampoco de convertir cada demanda sindical en una verdad absoluta. Se trata de reconocer algo elemental: los derechos de los alumnos y los derechos de los profesores no son contradictorios. Al contrario, se necesitan mutuamente.

Un maestro respetado, profesionalmente reconocido y laboralmente protegido tiene mejores condiciones para concentrarse en su tarea fundamental: enseñar.

El salario también es dignidad

Hablar del salario docente no debería producir incomodidad. El salario es el reconocimiento material al trabajo realizado. Y en el caso de los directores, debe corresponder a las responsabilidades que implica conducir una comunidad escolar, administrar recursos, atender conflictos, responder ante las autoridades y acompañar pedagógicamente a los profesores. Pretender que esas responsabilidades pueden incrementarse indefinidamente sin revisar las condiciones económicas y profesionales es una forma de trasladar al trabajador las deficiencias del sistema.

Lo mismo ocurre con la movilidad. Un sistema educativo moderno necesita reglas claras para la promoción, la adscripción y el cambio de centro de trabajo. La movilidad profesional no puede depender de la cercanía con funcionarios, de decisiones discrecionales o de mecanismos poco transparentes. La carrera docente debe construirse sobre capacidad, preparación, experiencia y reglas equitativas.

Que el maestro pueda hablar

Hay otra cuestión todavía más profunda. Una democracia no puede pedir ciudadanos críticos mientras pretende maestros silenciosos. El profesor tiene que enseñar a sus alumnos a preguntar, investigar, argumentar, disentir y participar. ¿Cómo podría hacerlo si él mismo no tiene derecho a expresar su inconformidad?

El maestro que reclama no necesariamente es un maestro irresponsable. Muchas veces es exactamente lo contrario: es el profesional que conoce desde dentro las deficiencias de la escuela y decide hacerlas visibles. Por eso, un gobierno inteligente no debería mirar al magisterio como un adversario político. Debería escucharlo.

El estado debe elegir

La disyuntiva es clara. Puede existir un Estado que pretenda administrar la educación mediante instrucciones, discursos y estadísticas, considerando incómodo a todo aquel que cuestione sus decisiones. O puede existir un Estado que entienda que la política educativa se construye también escuchando a quienes todos los días están frente a los alumnos.

La segunda opción exige diálogo. Exige reconocer errores. Exige invertir en las escuelas. Exige mejorar las condiciones laborales. Exige salarios dignos. Exige procedimientos transparentes para la movilidad y promoción. Y, sobre todo, exige respeto.

Porque si un gobierno desprecia a sus maestros, termina despreciando una parte fundamental de la educación que dice defender. El maestro no pide que le regalen nada. Pide que su trabajo sea reconocido. No reclama privilegios. Reclama derechos. No pretende sustituir a la autoridad. Exige que la autoridad cumpla con su responsabilidad.

Y quizá convenga recordarlo cuando desde el poder vuelva a escucharse alguna expresión de disgusto frente a la protesta magisterial: Un profesor que reclama mejores condiciones para enseñar no merece ser descalificado. Merece ser escuchado. Porque la nobleza de la profesión docente no consiste en soportarlo todo en silencio.

Consiste en seguir enseñando, aun cuando las circunstancias sean adversas, sin renunciar por ello a la dignidad que corresponde a quien tiene en sus manos una de las tareas más importantes de la sociedad: educar.

pibe91arturopimentel@gmail.com

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