La Nación de México
Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, con el propósito de que se investiguen posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos político-criminales que, según el instituto político, se consolidaron durante el sexenio pasado.
De acuerdo con la denuncia, los hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad debido al impacto que la violencia ha tenido en el país, reflejado en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos criminales, el desplazamiento de comunidades enteras y la presencia de amplias regiones bajo control del narcotráfico.
Acción Nacional sostiene que la crisis de inseguridad que enfrenta México no es resultado de fenómenos aislados ni de la simple evolución de las organizaciones delictivas, sino de una presunta colaboración permisiva, deliberada y sistemática del Estado mexicano que habría permitido el fortalecimiento y expansión del crimen organizado.
Según el documento presentado ante la instancia internacional, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024 se habría implementado una política de cesión de soberanía frente a los grupos criminales, particularmente en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.
El PAN afirma que la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” favoreció el crecimiento territorial, económico y político de las organizaciones criminales, mientras las instituciones del Estado renunciaban a ejercer plenamente sus facultades en diversas regiones del país.
La denuncia señala además que, lejos de contener el avance de los grupos delictivos, se permitió que éstos asumieran funciones que corresponden al Estado, generando condiciones de control e influencia sobre amplias zonas del territorio nacional.
Asimismo, el partido albiazul hace referencia a diversos señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y organizaciones criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Entre los nombres mencionados se encuentran los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, casos que, de acuerdo con Acción Nacional, han incrementado las preocupaciones sobre una posible penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político.
El PAN argumentó que decidió acudir ante la Corte Penal Internacional debido a lo que considera una creciente incapacidad de las instituciones nacionales para garantizar investigaciones independientes sobre estos hechos.
Hasta el momento, ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni los actores políticos mencionados en la denuncia han emitido una postura pública sobre el recurso promovido ante la instancia internacional.
Sólo la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en su conferencia matutina al tema, calificando de “hipocresía” la denuncia del panismo.


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