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Coatzacoalcos.- Hoy martes se llevó a cabo la conclusión de la audiencia inicial en la que fue imputado el periodista de nota roja Rafael León Segovia.
Al terminar la audiencia, la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó en conferencia de prensa que el juez del caso, tras escuchar los alegatos de la defensa y valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, descartando el delito de terrorismo.
Derivado de lo anterior, al periodista le fue impuesta la medida cautelar de resguardo domiciliario por el lapso de un año, todo ello en los plazos y momentos procesales previstos en la ley.
Como se recordará, Rafael León Segovia fue detenido afuera de su casa la mañana del 24 diciembre, por una orden de aprehensión emitida por un juez de control del distrito judicial de Coatzacoalcos, por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, así como del delito de terrorismo.
La audiencia inicial se llevó a cabo el pasado 24 de diciembre del año en curso, sustentándose la solicitud en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación respectiva.
La acusación de terrorismo de inmediato desató una ola de críticas en todo el país al considerar que se criminaliza la labor periodística, sobre todo porque recientemente las autoridades negaron que en México exista terrorismo.
Tan es así, que ayer por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que la fiscal tendría que aclarar por qué se acusó al reportero de terrorismo.
Asimismo, en entrevista, el hijo del comunicador informó que la Fiscalía encubre la identidad de uno de los acusadores y/o testigos por secrecía, un hecho que va en contra del derecho de los procesados de conocer a la parte acusadora.
Según la fiscal general, que apenas tomó posesión del cargo el 8 de diciembre y que por este caso ya está en la mira de la opinión pública, la Fiscalía General del Estado “actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”.


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