En gobierno de AMLO se pasó del robo de combustible al huachicol fiscal, una cronología

La Nación de México

Ciudad de México.— El fenómeno del huachicol —robo o contrabando de combustibles— no solo ha sido persistente en México, sino que ha ido evolucionando: del “pinchazo” a ductos tradicional al denominado huachicol fiscal, que implica evasión, contrabando y complicidades institucionales.

Bajo gobiernos recientes —el de López Obrador y el de Sheinbaum—, esta práctica ha sido materia de enfrentamientos políticos, denuncias y ahora detenciones de mandos navales.

Auge del huachicol durante el gobierno de López Obrador

Desde el inicio del sexenio de AMLO, el discurso oficial incluyó el combate al robo de combustible mediante cierres de ductos, vigilancia militar y redadas —una política que logró reducir el huachicol físico.

Sin embargo, en los últimos años se ha documentado que gran parte del problema se transformó hacia modalidades fiscales: importación irregular de combustibles, uso de documentos apócrifos y participación de redes dentro del aparato estatal.

En el programa Aristegui En Vivo, la senadora Xóchitl Gálvez reiteró la acusación que hizo durante su campaña presidencial, y acusó que al concluir el gobierno de López Obrador quedó una estructura interna en la Marina dedicada al huachicol fiscal, y que algunas de esas redes operaban con impunidad.

Señaló que “el huachicol fiscal creció de manera descomunal” en ese periodo. En ese contexto, Gálvez ha exigido transparencia sobre lo que sabía el gobierno y cuestionado si el exsecretario de Marina Rafael Ojeda informó a López Obrador.

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, también en Aristegui, ha señalado que las estructuras institucionales que deberían hacer la fiscalización han estado capturadas, lo que ha permitido que redes criminales operen bajo la sombra de lo oficial.

Avances y detenciones en la era Sheinbaum

Con el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, el gobierno ha movilizado investigaciones más agresivas al llamado huachicol fiscal. En los primeros ocho meses, se han incautado más de 39 millones de litros de combustible ilegal. La presidenta ha prometido que más detenciones vienen.

Las revelaciones más explosivas apuntan a la Marina: se ha denunciado que altos mandos navales, en particular los hermanos Farías Laguna, vinculados con Rafael Ojeda, operaron redes de contrabando disfrazadas de “combustible importado”, con uso de fracciones arancelarias falsas y connivencia de aduanas.

Se calcula que esas redes alcanzaron beneficios de más de 150 millones de dólares, con más de 69 envíos ilícitos detectados.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, reconoció públicamente que fue “imperdonable callar” frente a corrupción al interior de la Armada, y aseguró que se tomaron medidas para desarticular esas redes.

Por su parte, Sheinbaum defendió que algunas denuncias datan de 2023 y que los indicios necesarios para proceder con detenciones apenas se consolidaron en 2025. En esos operativos se han detenido 14 personas, entre marinos de alto rango, empresarios y exfuncionarios de aduanas.

Desafíos

La transición entre un gobierno y otro deja lecciones amargas: una red de corrupción sofisticada pudo crecer durante años sin que los mecanismos institucionales respondieran.

El cambio de modalidad del huachicol —de físico a fiscal— representa un reto más complejo, pues involucra aduanas, empresas fachada, sobornos y protección institucional.

Gálvez ha afirmado que López Obrador debe explicar qué sabía Ojeda y si fue omiso. Acosta Naranjo insiste en que no basta con arrestos: debe romperse la captura institucional.

A este respecto políticos, periodistas y analistas coinciden en que López Obrador supo y protegió a los integrantes de la red de tráfico de huachicol fiscal.

La periodista Anabel Hernández, en el episodio 34 del pódcast Narcosistema de marzo, asegura que Sergio Carmona Angulo, empresario acusado de contrabando de hidrocarburos y señalado por sus presuntos nexos con el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, habría financiado campañas políticas de Morena, incluida la presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Carmona fue asesinado en noviembre de 2021, semanas después de haber iniciado contacto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Sheinbaum enfrenta la oportunidad histórica de demostrar que su gobierno no tolerará complicidades, pero el peso de los intereses en las instituciones navales y aduaneras es alto. Que se haya logrado capturas de mandos navales marca un antes y un después, pero queda pendiente esclarecer toda la cadena: los funcionarios que protegían la red, los empresarios involucrados y los mecanismos usados para blanquear el contrabando.

La herramienta legal, las declaraciones de testigos y la presión política tendrán que empujar al sistema judicial para que no quede un solo eslabón suelto. En este capítulo del huachicol, México vigila: la apuesta ya no es solo cerrar ductos, sino desmantelar desde los más poderosos hasta el nivel local de protección institucional.