La Nación de México
Ciudad de México.- Este martes sesionaron por última vez de manera pública los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN). El próximo 1 de septiembre entrarán en funciones los ministros electos en la votación del 2 de junio.
“La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad, no me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello, será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, dijo Norma Piña, ministra presidenta ante sus pares y trabajadores del Poder Judicial.
A partir de septiembre protestarán al cargo nueve ministros que llegan producto de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de su enfrentamiento con los representantes del Poder Judicial.
Origen de la reforma judicial
El desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alcanzó un punto crítico que desembocó en una controvertida reforma judicial. Esta tensión es de larga data: López Obrador acumuló desencuentros con el Poder Judicial incluso durante décadas, especialmente tras el retiro de su aliado, el ministro Arturo Zaldívar, lo que limitó su influencia en el tribunal más alto del país.
El conflicto escaló durante el mandato de Norma Piña como ministra presidenta de la SCJN. AMLO la acusó de bloquear reformas emanadas del Ejecutivo, especialmente tras la negativa del tribunal a transferir la Guardia Nacional a Sedena y otros rechazos a iniciativas emblemáticas.
Norma Piña cuestionó públicamente el clima de persecución judicial promovido por Morena, denunciando la estigmatización de los magistrados como “traidores”, lo que profundizó aún más la ruptura.
El proyecto de reforma judicial
El conflicto sirvió de antecedente para que López Obrador presentara, en febrero de 2024, una ambiciosa iniciativa de reforma al Poder Judicial que buscaba transformar profundamente su estructura. Entre los principales cambios propuestos:
- Reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, con un periodo de mandato de 12 años en lugar de 15.
- Eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y ajustar sus remuneraciones al tope establecido para el presidente.
- Suprimir las Salas de la Corte; las sesiones serían únicamente en Pleno, públicas.
- Elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, desplazando el tradicional sistema de nombramientos.
Estas reformas despertaron una fuerte reacción. En agosto de 2024, jueces y trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro nacional, protestas y bloqueos en sedes judiciales en el país; se conformó una ola de manifestaciones en sedes del Poder Judicial, congresos estatales y la Ciudad de México.
La batalla legislativa y judicial
A pesar de las protestas y resistencia interna, la reforma avanzó en el Congreso. La Cámara de Diputados votó a favor en lo general y particular, y el Senado también la avaló, aunque en sedes alternas debido a bloqueos.
La Suprema Corte aceptó revisar la constitucionalidad del proceso, pero la mayoría concluyó que se cumplió con el trámite legislativo correspondiente. En última instancia, la reforma no fue detenida, aunque generó alarma entre inversionistas y gobiernos extranjeros: se consideró que podría socavar la independencia judicial, amenazar la inversión y abrir la puerta a la politización o incluso injerencia del crimen organizado.
Transición y consecuencias
La reforma derivó en una elección extraordinaria para renovar todo el Poder Judicial, incluida la SCJN, con propuestas sometidas a sufragio en junio de 2025. Paralelamente, las sesiones de la Corte serán públicas y se desterró el sistema de pensiones y privilegios, aunque el nuevo presupuesto aprobado por los salientes ministros mantuvo ciertos beneficios —como seguros médicos, bonos y altos sueldos— lo que generó críticas en torno a la coherencia con los principios de austeridad republicana.
En su última sesión plenaria, la ministra Norma Piña enfatizó la importancia de la independencia judicial como contrapeso del Estado, mientras autoridades como Claudia Sheinbaum comenzaron a revisar el presupuesto del Poder Judicial.
Conclusión
El conflicto entre López Obrador y la Suprema Corte consolidó la reforma judicial como una de las modificaciones institucionales más profundas en décadas en México. Con implicaciones políticas, jurídicas y económicas, la reforma abre una nueva etapa en la relación entre poderes y plantea una tensión de fondo: ¿será la elección popular de jueces una democratización del sistema judicial o un riesgo para su autonomía?
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